Durante los últimos meses, ha llamado la atención el sistemático desplazamiento en medios de los testimonios de las miles de niñas violadas por las FARC, reemplazándose por escándalos secundarios. En concreto, los hechos testimoniados a lo largo de las semanas en los que la Corporación Rosa Blanca tuvo la opción de acceder a limitadas entrevistas, por su naturaleza, debían de haber copado la totalidad de la agenda política del país.

Durante los últimos meses, ha llamado la atención el sistemático desplazamiento en medios de los testimonios de las miles de niñas violadas por las FARC, reemplazándose por escándalos secundarios. En concreto, los hechos testimoniados a lo largo de las semanas en los que la Corporación Rosa Blanca tuvo la opción de acceder a limitadas entrevistas, por su naturaleza, debían de haber copado la totalidad de la agenda política del país.

En contraste, con el paso de los días, de una forma sistemática, sus testimonios han sido desplazados para dar lugar a escándalos momentáneos, asuntos de vidas privadas, o incluso, ambiguas denuncias ad portas de un escenario electoral en Colombia.

El caso famoso de la periodista Claudia Morales, en el que desde su posición se presenta como víctima de violación, sin nombres, sin hechos, sin pruebas, sin fecha de ocurrencia, sin señalar al culpable y con toda la cobertura mediática a la que aspiraría una sola niña violada sistemáticamente por las FARC, es la punta del Iceberg de la impunidad con que los medios tratan a las “víctimas” de primera y quinta clase.

Como se sabe, durante años, los episodios horrorosos de las FARC no le animaron la misma empatía de los últimos días. En este punto vale la pena preguntarse: ¿Es Claudia Morales una “víctima”, o más bien una cortina de humo contra las niñas de Rosa Blanca sin acceso a Medios para gritar los nombres de sus violadores?

En concreto, en diversos medios de comunicación, en medio de un ambiente agitado por agendas electorales, la declaración de Claudia Morales encubriendo al perpetrador de un crimen, parece más un movimiento político que un verdadero acto de denuncia.

Durante los últimos días, de hecho, en las diversas entrevistas en las que ha sido cuestionada sobre el tema, sus rodeos llevan a pensar que le preocupan más los escándalos maritales de los últimos días, que la estructural fractura social que el país experimenta con la impunidad sistemática de los carniceros y violadores del grupo narcotraficante FARC.

Hace pocos días, en medio del escándalo de la reconocida periodista, las niñas de la Corporación Rosa Blanca -sin acceso a los prestigiosos micrófonos de las agencias Colombianas-, contaban en el anonimato, como los hijos de las guerrilleras que no abortaban forzosamente eran dados en adopción a parejas extranjeras. A los hechos, en medio de la campaña de expectativa de la periodista Morales, se sumaban las declaraciones de al menos 7 menores públicas de las FARC que afirmaban que “Cada día eran asignadas como esclavas sexuales a guerrilleros diferentes”.

Curiosamente, al círculo de prestigiosos periodistas políticos del país, las ambiguas declaraciones sin nombre de la periodista Morales le parecieron de mayor interés nacional, lo que victimiza doblemente a las verdaderas víctimas clamando por decir con nombres y señales, en todo el territorio nacional, las identidades de los perpetradores de sus crímenes.

La impunidad rampante con que el grupo terrorista FARC está cambiando las prioridades del debate público en Colombia, ha contado con la complicidad del periodismo cercano a la administración de Juan Manuel Santos. Por este motivo, el desplazamiento de los verdaderos hechos que destruyen las bases de la sociedad colombiana por figuras en búsqueda de contratos o reconocimiento, no solamente está sirviendo de acicate sádico contra las verdaderas víctimas del país, sino de cómplice del mayor proceso de impunidad registrado en el hemisferio.

Si los medios de comunicación no establecen prioridades urgentes sobre la realidad política de Colombia, los ciudadanos están en su derecho de reclamarles responsabilidad sobre la destrucción institucional de la república.