Hasta qué punto afecta la decisión de la Superintendencia la seguridad financiera de la industria azucarera del Valle del Cauca?

Hasta qué punto afecta la decisión de la Superintendencia la seguridad financiera de la industria azucarera del Valle del Cauca?

Lo primero que se debe tener en cuenta es que la sanción impuesta a las empresas azucareras suma un total de 320 mil millones de pesos. Este valor es 2.3 veces más que las utilidades de 2014 (141 mil millones de pesos), 6.5 veces las de 2013 (50 mil millones) y 1.2 veces las de 2012 (269 mil millones). Es decir, se requieren las utilidades de varios años para pagar las sanciones. En el caso del gremio azucarero, la sanción resulta de carácter liquidatorio, pues asciende a 30 mil millones de pesos mientras que el patrimonio es cuatro veces menor: 7 mil millones de pesos.

Como lo indicó la Procuraduría el pasado 20 de octubre con respecto a la sanción: “De los argumentos expuestos por el ente sancionador es indiscutible que se desconoció los presupuestos legales que contienen los criterios, reglas o pautas para graduar las sanciones con ocasión a la restricción de la libre competencia.

El desconocimiento e inobservancia por aplicar la ley 1340 de 2009, constituye una violación al ordenamiento jurídico, y consecuencialmente una vulneración de derechos y garantías constitucionales de los sancionados. Valga precisar, que el Ministerio Público no controvierte sobre la responsabilidad de los sancionados como resultado de la investigación efectuada por la Superintendencia de Industria y Comercio; lo que resalta y advierte este órgano de Control se circunscribe a la sanción impuesta a los Ingenios, pues no se evidencia la rigurosidad fáctica y jurídica que sustente y soporte la gradualidad y dosimetría de la sanción.”

Para complementar las respuestas, se anexan el concepto de la Procuraduría y el comunicado del Abogado de Asocaña, al respecto.

Países altamente industrializados como Japón tienen abrumadoras medidas proteccionistas en sectores como el azúcar, a que se debe según usted que en Colombia se vaya en contra de la protección de los industriales colombianos y de formatos de protección de la industria nacional en un mercado global de competencia imperfecta.

Lo primero que hay que decir es que la agricultura, en general, en el mundo, es un sector que goza de una especial protección por parte del Estado. Hay países donde por supuesto el nivel de protección que se da al sector es menor, pero ello tiene que ver más con el tamaño del mercado interno y los bajos niveles de producción, si un país no produzco trigo, pues no tiene sentido proteger el trigo o la harina de trigo. 

¿El monto de la sanción supera las utilidades de las empresas colombianas, cree usted que nos encontramos en un caso de suicidio económico de la industria azucarera colombiana?

Ese tratamiento especial, a lo que se le denomina protección, se traduce en todo un arsenal de medidas en frontera y de otra naturaleza: aranceles ad valorem, específicos, mixtos, ayuda interna, subsidios a las exportaciones, altos estándares de calidad que en muchos casos son utilizados como barreras a las importaciones, precios de entrada en función de la época de cosechas, créditos con bajas tasas de interés e incluso negativas, entre otras. Algo muy importante y que también aplica en la mayoría de países es la excepción del sector al régimen de competencia, de hecho, si se revisan los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, se observa que el sector agropecuario quedó exceptuado, en razón al ordenamiento jurídico interno en esos países y por supuesto del nuestro.

Este contexto, en el que se desarrolla la actividad azucarera colombiana, se ilustra adecuadamente en el cuadro siguiente. Allí se resumen las distintas medidas que adoptan algunos países consumidores y productores de azúcar, de la región y del mundo.

Estas medidas, que afectan el comercio mundial de azúcar, distorsionan la formación de precio, pues éstos son excedentarios y no el resultado de un proceso natural de oferta y demanda con una orientación de mercado. El precio se forma con base en los excedentes de exportación de grandes países productores como Brasil, India, la Unión Europea, Tailandia y Australia y la exportación obedece a objetivos de política pública orientados a mantener en sus mercados unos elevados precios domésticos, en beneficio de sus productores nacionales. La Organización Mundial del Comercio ilustra esta situación. El ejemplo de Estados Unidos y la India:

•  … El USDA controla la oferta comercializable de azúcar de varias formas: 1) administra los cupos de comercialización, mediante los cuales se limita el volumen de azúcar nacional que puede comercializarse como alimento o para el consumo humano en el curso de un año, 2) limita el acceso de las importaciones mediante contingentes arancelarios, y 3) aplica el Programa de flexibilidad en la utilización de materias primas, que autoriza al Secretario de Agricultura a vender los excedentes de azúcar a productores de biocombustibles (azúcar para la producción de etanol). OMC, 2014. Estados Unidos. Examen de Política Comercial. Pg 120.

• … En febrero y marzo de 2014 el Gobierno decidió otorgar una subvención de 3.333 rupias por tonelada (55 dólares EE.UU.), que aumentó a 3.371 rupias por tonelada en agosto y septiembre de 2014, para que las azucareras exportaran hasta 4 millones de toneladas de azúcar en bruto durante las campañas de comercialización de 2013/2014 y 2014/2015. OMC, 2014. India. Examen de Política Comercial. Pg 27.

Cabe la pregunta del porqué de la posición de aquellos sectores de la opinión pública y algunos del propio gobierno frente a los instrumentos de política comercial, teniendo la evidencia del funcionamiento de estos mercados en el mundo. ¿Será desconocimiento?, puede ser, y si disponen de esta información ¿Cuál es la razón de esa posición?

Es la hora de que el país de un debate serio, tranquilo y objetivo, sobre lo que quiere de su sector agropecuario y los instrumentos para lograrlo. Si bien es cierto que esta es una tarea conjunta entre el sector privado y público, y que se requiere el desarrollo de los denominados “bienes públicos”, no podemos caer en la tentación de pensar que la liberación comercial, por si sola solucionará los problemas del sector.

Hoy brillan por su ausencia una política integral de encadenamientos productivos, que vaya más allá del abaratamiento de las materias primas, liderada desde el Ministerio de la producción. Y se debaten temas cruciales como la política de competencia sectorial, que por cierto y hay que decirlo, la que existe en Colombia no es diferente a la que predomina en el contexto internacional.

Cree usted que pueden haber intereses políticos que hayan motivado la decisión del a superintendencia?

No se puede afirmar y sería muy grave que ello fuera así, que las decisiones de la Superintendencia responden a intereses políticos. Lo que sí podemos decir es que las embestidas contra el sector no es un asunto nuevo y responden claramente a intereses económicos.

Desde hace varios años el sector viene siendo objeto de ataques por parte de diferentes sectores empresariales y algunos de la opinión pública, que hacen eco a dichas críticas, sin la evidencia estadística de rigor y, peor aún, en muchos casos sin conocer el funcionamiento de los mercados agropecuarios.

En qué graves imprecisiones cae la Superintendencia al haberse basado en argumentos que ya han sido esclarecidos por algunos industriales y gremios del Valle?

Los primeros embates surgieron bajo el argumento de la supuesta pérdida de competitividad que los instrumentos de política comercial le generaban a las industrias que utilizan el azúcar como insumo en sus bienes finales. Al revisar el informe anual de Nutresa para 2014, se encuentra que este grupo empresarial tiene el 62% del mercado nacional de alimentos procesados y una fuerte presencia internacional. Y no hay que olvidar que ellos utilizan como insumo, varios de los productos que operan con instrumentos similares como el Sistema Andino de Franjas de Precios.

Cuando las cifras pusieron en evidencia que la supuesta pérdida de competitividad no se estaba dando, apelaron a otras formas de lucha. Ahora el argumento es la defensa del consumidor, lo cual ha sido desvirtuado por las estadísticas, que públicamente pueden ser consultadas por cualquier ciudadano interesado y que se resumen en la tabla siguiente. Allí se observa, cómo, pese a los instrumentos de los que goza el sector, el precio del azúcar al consumidor final no es alto en términos internacionales y está muy cerca de países como Brasil, el mayor productor mundial de este producto.

La pregunta es ¿Y cuál será la siguiente movida?, no se sabe, sólo el tiempo lo dirá.

¿Quiénes serían los beneficiados en Colombia de ver como la industria azucarera del Valle se quiebra, permitiendo la entrada al país de compañías extranjeras?

Claramente los mayores beneficiados serán esas empresas que iniciaron esta campaña de desprestigio de la agroindustria de la caña azucarera y panelera. Su verdadera motivación no es el consumidor final, como ahora lo han querido mostrar, es un tema de lo que en economía se conoce como “excedente” o rentas. Hay que decirlo claramente, a estas empresas no les conviene que existan mecanismos como el Sistema Andino de Franjas de Precios o los fondos de estabilización, simplemente, porque con ellos no pueden ejercer su posición dominante en la compra de materias primas, como el azúcar. Miremos un ejemplo de lo que pasa con el precio al productor en otro producto, que estas empresas utilizan como insumo, el cacao.

Al 29 de octubre, de acuerdo con Fedecacao, el precio pagado al productor en Neiva fue de $7,8 millones la tonelada, cuando por ese mismo producto y teniendo en cuenta el referente internacional y el costo de oportunidad de comprar el cacao en los mercados internacionales, los compradores debieron pagar $9,7 millones. Ello implica que el productor de cacao dejó de percibir un ingreso de $1,8 millones en el mercado nacional. En términos porcentuales es un 16% menos de ingreso, para el productor. ¿Por qué los productores de cacao no reciben por su producto, ni siquiera el precio al que se transa el cacao en las bolsas internacionales, cuando según los expertos el de Colombia es reconocido por su calidad? ¿Qué significa esto? ¿Posición dominante en la compra? A esta situación quieren llevar la agroindustria de la caña y el azúcar.

En últimas, no hay la menor duda de que la industria que utiliza el azúcar como insumo lo que busca es apropiarse de las rentas del productor, que gracias a los mecanismos establecidos por el Estado no es apropiada por parte de estas compañías, vía abuso de posición dominante en el mercado.  ¿Qué productores en otros subsectores agropecuarios están sometidos al poder dominante en el proceso de comercialización de sus cosechas, precisamente por la ausencia de instrumentos como los que cuenta el sector cafetero, azucarero y de palma?

¿Temen que puedan tomarse nuevas medidas que debiliten aún más el sector en el país y particularmente en Valle del Cauca?

La agroindustria de la caña pide que se respeten las reglas de juego que durante años le ha permitido consolidarse como un subsector de alta generación de empleo, bienestar y desarrollo para el suroccidente colombiano, en medio de un escenario internacional distorsionado por los grandes jugadores mundiales. Esperamos que el Gobierno Nacional dé un parte de estabilidad al sector, con la convicción de la necesidad de instrumentos como el Sistema Andino de Franjas de Precios y el propio Fondo de Estabilización. De no ser así, estaríamos ad portas de la aplicación de la “eutanasia económica” de un subsector, que como el de la agroindustria de la caña, el azúcar y la panela, le ha aportado al desarrollo productivo y bienestar del país. ¿El país va a centrar sus esfuerzos en acabar con un subsector que bien o mal ha aprovechado adecuadamente los incentivos y por esta vía solucionado buena parte de los problemas que aquejan al sector agropecuario colombiano? ¿Y ello por cuenta de un grupo de empresas que basan su competitividad en del abastecimiento de materias primas a precios bajos como ya lo hacen en productos como el cacao?

¿Cuál es el escenario futuro y que estrategia de protección ante la decisión de la Superintendencia están tomando ustedes?

Las cifras que se conocen del Censo Agropecuario revelan la precaria situación en que se encuentra buena parte del sector agropecuario colombiano: bajo nivel de capitalización, pobreza, asignación de recursos presupuestales que no impactan positivamente el sector ni el bienestar de la población, bajo acompañamiento del estado con instrumentos que promuevan un verdadero desarrollo agropecuario (el tema de la asistencia técnica y la investigación es preocupante en el sector) y buena parte de las actividades que allí se desarrollan están mal remuneradas, sencillamente porque estos productos no tienen mercados, o padecen el rigor de una amplia cadena de intermediación que termina convirtiendo muchas actividades en negocios no rentables. Allí están los verdaderos retos y desafíos de la política pública sectorial.