Frank Pearl, el jefe negociador del gobierno con la organización del ELN, en el momento de iniciar diálogos por autorización del gobierno con la organización, habría olvidado que desde mediados del año pasado, esta banda habría secuestrado a un niño 2 años y 9 meses. El escandaloso rapto, se dió semanas después de que el gobierno hubieses iniciado el proceso de conversaciones en el anonimato con la organización terrorista, y su liberación no se consideró como condición para el inicio de los diálogos.

Frank Pearl, el jefe negociador del gobierno con la organización del ELN, en el momento de iniciar diálogos por autorización del gobierno con la organización, habría olvidado que desde mediados del año pasado, esta banda habría secuestrado a un niño 2 años y 9 meses. El escandaloso rapto, se dió semanas después de que el gobierno hubieses iniciado el proceso de conversaciones en el anonimato con la organización terrorista, y su liberación no se consideró como condición para el inicio de los diálogos.

En infante, habría sido retenido en calidad de plagio por el cabecilla de la organización narcotraficante alias “Bernardo”. El secuestro se habría planeado como represalia por la entrega a las autoridades de su madre, una guerrillera desertada de las FARC que desde meses atrás denuncio la extorsión y el plagio de su hijo.  Respecto al caso, el propio el coronel  Wbaldo Franco, comandante del Batallón San Mateo catalogo el plagio como secuestro extorsivo, y a través delas autoridades militares de Risaralda, habría solicitado la entrega del bebe.

EL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ASPECTOS CIVILES DEL SECUESTRO INTERNACIONAL DE NIÑOS FIRMADO POR COLOMBIA

Colombia es un pais firmante de los convenios de la Haya sobre derecho humanos, lo que lo obliga según el derecho internacional a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos independientemente de la ideología del gobierno. En los días pasados, la defensoría del Pueblo, habría alertado al gobierno nacional, y por ende al equipo negociador con la organización terrorista para que el niño fuera entregado a su madre.  En su comunicado, la defensoría solicito que “como primer gesto de su voluntad de paz entregue a un niño de 2 años y 9 meses que mantiene en su poder, desde junio del año pasado, en zona rural del municipio de Tadó en Chocó”. El jefe negociador, Frank Pearl, sin embargo, no solamente no habría contemplado la condición solicitada por la defensoría del pueblo, sino que habría iniciado el proceso de concesiones a la organización criminal sin haber hecho mención del tema. Esta situación, adicionalmente, se podría constituir como una violación al El convenio de la Haya sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños firmado por Colombia.

Paralelamente, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, se habría desentendido del asunto, lo que no se compagina con obligaciones de derecho internacional humanitario adquiridas por el estado colombiano con organismos internacionales. 

La omisión del estado colombiano, del ministro de defensa, y del feje negociador del equipo, adicionalmente podría traer futuras consecuencias legales, debido a los estrictos términos que el estatuto de Roma contempla contra los estados que hayan tenido “acquiesencia” o “consentimiento” de actos de secuestro.

Al respecto, el articulado de la convención internacional establece que el estado puede violar el Estatuto de Roma, incurriendo en delito de lesa humanidad  por “detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, consentimiento o aquiescencia”. En este caso, la omisión del jefe negociador, y la acquiesencia del estado colombiano se constituiría como material probatorio para futuros procesos penales de desaparición forzada cometidos por las FARC sin que el estado colombiano responda en cumplimiento de la Constitución Política Nacional.

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