Natalia Springer Von Schwarzenberg o Natalia Marlene Lizarazo hizo cambio de apellidos en 1999 por desconocidas razones y bajo la empresa Springer Von Schwarzenberg S.A.S, y su supuesto título de politóloga y especialista ha logrado contratos millonarios por más de $4.000 millones con la Fiscalía General de la Nación por concepto de asesorías e investigaciones en materia de secuestros y datos de crimenes del conflicto armado durante los años 2013, 2014 y 2015. Todo esto bajo la aceptación y amparo del fiscal Eduardo Montealegre.

Natalia Springer Von Schwarzenberg o Natalia Marlene Lizarazo hizo cambio de apellidos en 1999 por desconocidas razones y bajo la empresa Springer Von Schwarzenberg S.A.S, y su supuesto título de politóloga y especialista ha logrado contratos millonarios por más de $4.000 millones con la Fiscalía General de la Nación por concepto de asesorías e investigaciones en materia de secuestros y datos de crimenes del conflicto armado durante los años 2013, 2014 y 2015. Todo esto bajo la aceptación y amparo del fiscal Eduardo Montealegre.

En su primer contrato en el 2013, el cual fue de ocho meses, Springer cobró la cifra de $895 millones por asesorar en temas de procesamiento de datos de crímenes del conflicto armado, sin previa licitación y sin cumplir el requisito indispensable de contar con una experiencia de diez años. Su empresa Springer Von Schwarzenberg S.A.S lleva tan solo dos años en el mercado y, sin embargo, aun con todas estas condiciones sin cumplir la politóloga logró llevar a cabo su primer contrato.

Tres meses de firmado el contrato con Springer Von Schwarzenberg S.A.S, la politóloga hace un informe de sus investigaciones hechas y exige un pago de $223 millones por un trabajo que no cumple con las expectativas deseadas; ya que presentó un informe incompleto sin basamentos y no establece en concreto lo que se debería especificar, según indica las observaciones hechas por la Unidad Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía. Pero aun así, a pesar de la deficiente entrega del informe hecho, la Fiscalía sigue contratando los servicios de esta firma.

En el informe presentado por la empresa, los gráficos y análisis no correspondian con un estudio  profundo, ni cumplia con identificar cuáles son las estructuras que tenian las FARC en los secuestros ni tampoco explica las zonas afectadas, además de la falta de base en el tratamiento de los datos en cuanto a los testimonios pues no se expone la procedencia de los mismos. En revelaciones hechas por una auditoria se pudo comprobar que la politóloga tomaba información de terceras fuentes para cumplir con las exigencias de sus funciones en el contrato acto que viola la reserva sumarial y afectan los procesos.

Públicamente se da a conocer la existencia de una carta con fecha del 26 de noviembre de 2013, en la cual el fiscal Montealegre le impone a Caballero que le facilite a Springer acceso a las bases de datos de la empresa para que esta tenga acceso a los datos relacionados con las cifras de criminalidad en Colombia.

Para el segundo contrato, en el 2014 se esperaba la recolección de documentos que expusieran todo lo investigado en el contrato anterior del 2013 y para el contrato del 2015 se firma otro acuerdo para procesar todos los datos de los crímenes del ELN y las bandas criminales.

Según Ernesto Yamhure, en su columna “La Impostora” Natalia Springer no es lo que aparenta puesto que en su curriculum menciona que es experta en Derecho Internacional Humanitario de una prestigiosa academia en San Remo, Italia pero solo estuvo allí en un curso de trece días; también menciona tener un doctorado en mecanismo de justicia transicional de la Universidad de Viena pero esta deserto.

Francisco José Sintura, exvicefiscal general de la Nación afirma que en su administración, que fue liderada por Gustavo Greiff nunca se necesito de asesores externos puesto que el presupuesto era limitado y austero.

Iván Cancino abogado penalista expone que los delitos que se le podrían imputar a Springer podrían ser  los de peculado y celebración de contratos sin cumplimiento legal de requisitos. Por incurrir en estos delitos la pena a cumplir es de cárcel con una condena de entre seis y doce años.

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