El concepto emitido por el Consejo de Estado en las últimas horas confirmaría el peor escenario en toda la presidencia de Juan Manuel Santos. Técnicamente, el acuerdo Santos-FARC está muerto. En concreto, el Consejo de Estado confirmó que a diferencia de las estimaciones del gobierno, el voto de los ciudadanos por el NO, se llevó a cabo legítimamente, y por ende, la voluntad popular de rechazar los acuerdos debe ser obedecida por el presidente de la República.

El concepto emitido por el Consejo de Estado en las últimas horas confirmaría el peor escenario en toda la presidencia de Juan Manuel Santos. Técnicamente, el acuerdo Santos-FARC está muerto. En concreto, el Consejo de Estado confirmó que a diferencia de las estimaciones del gobierno, el voto de los ciudadanos por el NO, se llevó a cabo legítimamente, y por ende, la voluntad popular de rechazar los acuerdos debe ser obedecida por el presidente de la República.

En este contexto, surge de nuevo la solicitud respetuosa efectuada por el saliente presidente del gobierno español José María Aznar, que le sugirió a Juan Manuel Santos renunciar.

En concreto, el expresidente español José María Aznar, hizo un fuerte llamado a la comunidad internacional para que se comprometa con el Gobierno colombiano y se acoja a los resultados de plebiscito respetando la decisión de la mayoría de colombianos en las urnas.

El fuerte llamado del expresidente español se presenta a consecuencia de la decisión de Juan Manuel Santos para continuar con las negociaciones, pese a que había anunciado que acataría los resultados del mecanismo refrendatorio que él escogió. Por esta razón, Aznar calificó el hecho como una "falta de respeto a la soberanía popular".

Para el exmandatario, los promotores del “NO”:

 "han ganado un plebiscito en contra del Gobierno de su país, de los gobiernos latinoamericanos, en contra del Gobierno de EEUU, en contra de los gobiernos de la Unión Europea, en contra del Vaticano y en contra de las Naciones Unidas".

Adicionalmente, la propia Corte Constitucional en su comunicado número 30 del 18 de Julio del 2016, radicó que:

La corte avaló la constitucionalidad de la regulación estatutaria del plebiscito para la refrendación del acuerdo final dirigido a la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Precisó que el plebiscito tiene carácter vinculante respecto del presidente de la república y que ese acuerdo es una decisión política que no implica la incorporación de un texto normativo al ordenamiento jurídico. Al mismo tiempo, fijó el alcance de la participación de los servidores públicos en las campañas en torno a este plebiscito y la forma en que se garantizará a todos los ciudadanos, la publicidad e información en relación con el acuerdo final.

Con lo que textualmente, Aznar en su momento afirmó:

“Con todo respeto… no tiene ningún sentido que no haya habido consecuencias políticas” por ello la renuncia de David Camerón fue “impecable”

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