La declaración de la periodista Claudia Morales, en el sentido de haber sido violada por uno de sus jefes, activaría por la conducta delictiva del imputado una investigación de oficio en la Fiscalía General de la Nación. Concretamente, la Corte Constitucional Colombiana, ante los términos contemplados en el Código de Procedimiento Penal, se ha referido detalladamente en su sentencia C1177-05, a las características protocolarias de la denuncia penal, incluida la de oficio. Ante la declaración de existencia de un hecho delictivo, se configura por ello la denuncia, como:

La declaración de la periodista Claudia Morales, en el sentido de haber sido violada por uno de sus jefes, activaría por la conducta delictiva del imputado una investigación de oficio en la Fiscalía General de la Nación. Concretamente, la Corte Constitucional Colombiana, ante los términos contemplados en el Código de Procedimiento Penal, se ha referido detalladamente en su sentencia C1177-05, a las características protocolarias de la denuncia penal, incluida la de oficio. Ante la declaración de existencia de un hecho delictivo, se configura por ello la denuncia, como:

“una manifestación de conocimiento mediante la cual una persona, ofendida o no con la infracción, pone en conocimiento del órgano de investigación un hecho delictivo, con expresión detallada de las circunstancias de tiempo modo y lugar, que le consten. Se trata de un acto constitutivo y propulsor de la actividad estatal en cuanto vincula al titular de la acción penal - la Fiscalía - a ejercerla con el propósito de investigar la perpetración de un hecho punible.”

Ante la sentencia, está contemplada taxativamente la opción, de que, ante la inexistencia del rigor de una demanda, el conocimiento de un hecho delictivo “convoca una carga para el autor”. Así, las cosas, la Fiscalía general de la nación, se encuentra obligada por mandato penal, a proceder con su acto constitutivo y propulsor de la actividad estatal, la cual es iniciar una investigación de oficio conforme al derecho penal.

Textualmente, la sentencia detalla que:

“Se trata de un acto constitutivo y propulsor de la actividad estatal en cuanto vincula al titular de la acción penal - la Fiscalía -  a ejercerla con el propósito de investigar la perpetración de un hecho punible que deba ser investigado de oficio, en desarrollo de claros mandatos superiores previstos en  los artículos 6° (responsabilidad por omisión y extralimitación de funciones de los servidores públicos); 123 (la vinculación de los servidores públicos a la Constitución, la Ley y el reglamento); 228 (el carácter público y permanente de la administración de justicia); 229 (el derecho a de acceso a al administración de justicia), y particularmente del 250 de la constitución que contempla el carácter obligatorio en el ejercicio de la acción penal.”

Para la Corte Constitucional, la puesta en conocimiento de un hecho delictivo, violatorio de los términos legales contemplados en el código penal, activa con “carácter obligatorio” la función estatal del ente investigador, procediendo a dar inicio al esclarecimiento de los hechos, y la identificación del culpable.

Así, de acuerdo al concepto de la corte:

“basta con que el funcionario investigador constate que la conducta que denuncia se encuentra descrita como delito, perseguible de oficio, sin que le sea permitido ingresar en la consideración de aspectos valorativos. Es suficiente que circunstancias fácticas le indique la caracterización del hecho como delito, es decir como conducta descrita en la ley penal.”

Ante los hechos, se incrementan las dudas respecto al responsable de la violación sobre la periodista Claudia Morales, que de ser incurso en una investigación, esta podría incluir personajes políticos, empresariales y de medios en Colombia.