Hace pocos instantes, el presidente de la República Juan Manuel Santos, ha tomado finalmente la decisión de aceptar la renuncia de Luis Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura quién fue imputado por la fiscalía General de la Nación por el caso de adición de la Vía Ocaña Gamarra.

Hace pocos instantes, el presidente de la República Juan Manuel Santos, ha tomado finalmente la decisión de aceptar la renuncia de Luis Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura quién fue imputado por la fiscalía General de la Nación por el caso de adición de la Vía Ocaña Gamarra. Las imputaciones sobre el saliente funcionario, se desprenden por su responsabilidad en la adición presupuestal a dedo de 900 mil millones de pesos para una vía que benefició a un puerto del cual la prestante familia Parody de la Exministra de Educación se benefició, cuando, adicionalmente, la entonces ministra de Transporte era pareja con esta.

En palabras del saliente funcionario, ahora imputado en el caso de la adición presupuestal de la vía Ocaña Gamarra:

“Recibí con tristeza la decisión de la Fiscalía de imputarme cargos por interés indebido en la celebración de contratos.

En los 6 años que llevo en el gobierno no he hecho nada diferente a buscar el desarrollo de la infraestructura del país, siempre de forma transparente y con el objetivo de promover el interés público.

En el caso particular de la adición del tramo Ocaña Gamarra se tomó un especial cuidado de hacerlo dentro del marco de la ley, y en las mejores condiciones posibles para el Estado.

Por eso tomo más de 2 años el proceso de adición y se elevó hasta el nivel del Consejo Nacional de Política económica y Social (Conpes).

La principal consideración para la adición fue el interés de ahorrarle recursos a la nación, aprovechando los excedentes que estaba generando el contrato de la Ruta del Sol 2”

Adicionalmente, como se sabe, en caso ha tomado proporciones inusitadas, al conocerse que las dos exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez han salido del país, y se reusaron a venir a presentar el interrogatorio ante la fiscalía la semana pasada.

Las sospechosas preguntas de Cecilia Alvarez al Consejo de Estado en el 2013

Luego de que en las últimas semanas se conociera que las exministras salieron del país con destino en los Estados Unidos, hasta el momento han preferido guardar silencio frente al documento que hasta hace pocos días permanecía oculto. Adicionalmente, conforme al contenido del mismo, se sospecha que la propia Cecilia Álvarez estaba contemplando las posibles irregularidades de la adición que semanas mas tarde se concretaría. Lo anterior se explica por las preocupaciones que esta le expreso al Consejo de Estado en sus preguntas. Entre ellas:

“1) Cuál es el porcentaje máximo o límite en valor para adicionar los contratos de concesión celebrados antes de la entrada en vigencia de la Ley 1508 de 2012?

3) Considerando que el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 hace uso de la expresión “independientemente del monto de la inversión”, debe entenderse según dicho artículo, que las adiciones en valor en contratos de concesión no tienen límite en la cuantía? En ese orden de ideas, el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 se constituye en una norma especial para los contratos de concesión y por lo tanto, no aplicaría para estos el límite de que trata el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 del cincuenta 50% del valor inicial para su adición en valor?

4) En concordancia con el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 y la Sentencia C-300 de 2012 ¿Cuáles serían los criterios de interpretación a tener en cuenta para determinar qué es una obra adicional directamente relacionada con el objeto concesionado? ¿Se entiende como obra adicional directamente relacionada con el objeto concesionado, toda obra que se encuentre dentro del mismo corredor vial, así no esté incluida dentro del objeto y alcance contractual?"

Así, el documento completo comprueba que [pullquote] tanto Cecilia Álvarez como Gina Parody fueron advertidas por el Consejo de Estado[/pullquote], sin que se inhabilitaran en la multimillonaria adición cuyo valor ascendió a los $900.000 millones  de pesos. Ante estas circunstancias, tanto los medios de comunicación del país como las ex ministras, ahora residenciadas en los Estados Unidos, siguen guardando sospechoso silencio. Igualmente, no se ha conocido frente al tema una declaración del presidente de la República.