Las recientes interpretaciones de la poca información que existe respecto a los acuerdos ocultos entre el gobierno nacional y la organización terrorista FARC en Cuba, destacan principalmente por sus implicaciones sobre el orden constitucional colombiano.

Las recientes interpretaciones de la poca información que existe respecto a los acuerdos ocultos entre el gobierno nacional y la organización terrorista FARC en Cuba, destacan principalmente por sus implicaciones sobre el orden constitucional colombiano. [pullquote] Para nadie en Colombia es un secreto, que tanto las BACRIM, como las FARC, el ELN, los RASTROJOS, o los USUGA, son estrictamente organizaciones narcotraficantes y terroristas, que coordinan sus actividades criminales a través de rutas compartidas de salida de droga, diplomacia política y estrategias de asentamiento en periferias urbanas y zonas rurales.[/pullquote]

La diferencia entre estas con la legalidad radica, sin embargo, en las limitaciones que cada una de estas organizaciones terroristas tienen para que sus actividades sean legitimadas o toleradas por el ordenamiento jurídico colombiano y las autoridades. Por ello, incorporar sus actividades en la constitución, y gozar de alcance institucional sobre la carta magna, es la mayor trampa del terrorismo al estado de derecho de Colombia.

Las BACRIM, como las FARC, el ELN, los RASTROJOS, o los USUGA son consideradas nacional y globalmente como terroristas, y por eso, cada uno de los integrantes -especialmente los cabecillas de estas organizaciones- tienen cuentas pendientes con la justicia, y desesperan por saltarse al estado de derecho. Así, no es la justicia ni las instituciones las que se deben ajustar a la demanda de los cabecillas de estas organizaciones, sin importar su calificativo, si no estas, a las leyes y la constitución de Colombia. A continuación, se presentan los argumentos, de porque, conceder a una de estas derechos constitucionales, es un “Collar Bomba” del terrorismo a la ciudadanía de Colombia.

NEGOCIAR LA CONSTITUCIÓN CON EL TERRORISTA; LO FORTALECE ANTE LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA

Negociar la Constitución Política de Colombia, a los intereses de los actores terroristas de la nación, sin importar el brazalete o las siglas que utilice, es concesionar los estamentos del derecho de estado a las vías de hecho del terrorismo, y ceder a la capacidad de arrinconamiento y terror del terrorismo. Los actores que cometen actos terroristas, llámense BACRIM, FARC, el ELN, los RASTROJOS, o los USUGA, son terroristas y narco criminales porque así la ley y el bien de la nación lo establecen.

Si la ley cede ante los deseos del terrorismo, las victimas serán los ciudadanos, el país entero y el orden constitucional y jurídico de la República.

CON MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL; TERRORISMO ARTICULARA ACCIONES CONJUNTAS EN LA ILEGALIDAD Y LA LEGALIDAD

[pullquote] Con la ley a su favor, los terroristas no solamente continuarán con sus actividades, sino que lo harán como lo desean, con la complacencia de la constitución y las leyes, y con el arrinconamiento de la sociedad civil, que estará incapacitada para diferenciarlos de las instituciones, e intimidada porque la propia ley y la constitución privilegia a los criminales, en contravía de las personas de bien.​[/pullquote]

Las modificaciones constitucionales que quieren imponerse en Colombia por Juan Manuel Santos y las FARC, son un collar bomba contra la Constitución política de Colombia, y contra Colombia en su conjunto. La capacidad de influencia política, judicial, violenta, criminal, narcotraficante y financiera de los actores terroristas sin importar su calificativo, se fortalece si el estado y las leyes hacen concesiones a sus deseos. La planificación de adquirir poder por parte de estas organizaciones, adicionalmente, se facilitará debido a que la propia Constitución Política Colombiana los incorporará, y mientras sus labores serán presentadas al público como legales por las leyes, continuarán creciendo bélica, militar y financieramente en la ilegalidad.

CONCESIONAR LA CONSTITUCIÓN AL TERRORISMO ES DARLES OXIGENO POLÍTICO Y LEGAL

[pullquote] Los beneficios constitucinales que la actual administración está ofreciendo a la capacidad de financiera, militar y política de las FARC como organización de las redes del narcotráfico en Colombia, es la mayor concesión que un grupo terrorista puede esperar de un estado de derecho.​[/pullquote]  El acelerado incremento de los cultivos ilícitos, la poca autoridad del estado en contener la amenazada al orden público de todas las organizaciones dedicadas al negocio de las drogas, y la pérdida del territorio con sus secuestros colaterales, confirman la tesis. Las FARC no solo continuarán en la ilegalidad, sino que con la modificación a la constitución, seguirán como fenómenos criminales en la legalidad y la ilegalidad, y estarán amparados por la Constitución Política de Colombia que Santos le dejará firmada,

Ceder constitucionalmente ante las demandas de una organización terrorista, es brindar a esta el oxígeno institucional, discursivo y legal que necesita para seguir creciendo como proyecto político totalitario. Modificar la constitución para incorporar a estas fuerzas, llámense BACRIM, FARC, el ELN, los RASTROJOS, o los USUGA, al andamiaje legal de Colombia, dará fuerza a estos grupos para continuar en su tarea de doblegar el estado de derecho y el orden moral, legal, constitucional y político de la nación.

Es sabido que Cuba tiene intereses geoestratégicos en la región y que el colapso del régimen venezolano dejará actores interesados en recoger las banderas de los estados totalitarios y populistas. Si el actual presidente de Colombia cede ante la estrategia diplomática y política de las FARC concediéndoles protección constitucional, Colombia se volverá el siguiente nodo estratégico del comunismo en la región. Cualquier acuerdo constitucional exigido por las FARC y concedido por el estado, es un “collar bomba”. 

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