En una reciente transmisión del segmento noticioso Noticias Caracol publicado el 10 de julio en horas de la noche, la agencia de noticias afirmó que en una ceremonia oficial del gobierno, en un momento de encuentro en el presidente de Colombia Iván Duque y la presidente de la “JEP” Patricia Linares, el mandatario le habría asegurado a la funcionaria la financiación de los gastos operacionales del tribunal a favor de las FARC.
En concreto, en medio del encuentro, las palabras de Duque a Linares habrían sido:
“Estoy arreglando esa platica para que no se ponga nerviosa”
Las palabras de Duque, sin embargo, parten de 3 supuestos políticos fundamentales, que podrían representar una peligrosa novedad para su electorado y para Colombia.
La promesa de Duque es un espaldarazo a la anarquía institucional y política liderada por la “JEP”
En primer lugar, la afirmación de Duque partiría de un apoyo presidencial a la denominada “JEP”, lo que no solamente controvierte su principal línea de trabajo programático durante la campaña, sino que significa un cambio de agenda radical frente a las expectativas de su electorado. En concreto, la mayor parte del rechazo nacional a la administración de Juan Manuel Santos emanaba de las concesiones institucionales que este buscó instaurar en Colombia para beneficiar a las FARC. En medio de esa modificación del estado, la propia “JEP” se constituyó para la oposición de la época en uno de los principales objetos de ataque y rechazo. Por este motivo, Duque llegó a la presidencia. La declaración de Duque a Patricia Linares, sin embargo, evidenciaría todo lo contrario.
La promesa de Duque expresa un respaldo abierto al proceso de impunidad de las FARC en cabeza del tribunal de Patricia Linares
En segundo lugar, la afirmación de Duque plantearía una aceptación expresa de los términos e impunidad institucional con los que la administración de Juan Manuel Santos premió al grupo narcotraficante FARC. La decisión en confianza de Duque de dar un visto bueno a las labores de la denominada “JEP” en la declaración, implican por lo tanto un espaldarazo a las FARC en sí mismas, y a toda la anarquía legal e institucional que el país ha tenido que afrontar en los últimos meses.
La promesa de Duque es un cambio de agenda de gobierno, y debe activar las alarmas de orden público de la ciudadanía
En tercer lugar, La promesa de Duque representa una alarma política y de orden público en Colombia que debe tomarse muy en serio. En concreto, el avance territorial del narcotráfico legitimado por la "JEP" deja una situación de orden público calamitoso. Adicionalmente, la ambigüedad de la administración de Duque en definir a la nación cuál es su verdadera agenda política, implica abiertamente la adopción de medidas de la ciudadanía ante el riesgo creciente del fortalecimiento político del terrorismo.
En efecto, desde la salida de la actual administración y la instauración del tribunal pro FARC de la “JEP”, el país ha conocido sistemáticamente de las intenciones del tribunal, así como su evidente favorecimiento legal y político a figuras fugadas legal y fácticamente, entre las que se incluyen peligrosos narcoterroristas como alias “Iván Marquez”, “El Paisa” y “Jesús Santrich”. Así las cosas, la decisión de Duque de financiar con el presupuesto nacional al conocido tribunal afin a las FARC, debe activar las alarmas de la población civil frente al alcance judicial, político y paramilitar del terrorismo, mas aun cuando el propio presidente reporta a Patricia Linares el aseguramiento de sus ingresos, pero a casi un año de gobierno no revela realmente cuantas son las hectáreas de coca en el país.
