Ante los hechos ocurridos en los últimos días como resultado del conocimiento por la opinión pública del asesinato del abogado Javier Ordoñez por parte de efectivos de la Policía Nacional en el noroccidente de Bogotá, se debate y se promueven iniciativas de Ley en el Congreso sobre la reforma de la institución. La más discutida durante años y a su vez la que más polémicas crea tanto por defensores como por contrarios es el traslado de la jurisdicción de la Policía del Ministerio de Defensa como ha sido desde el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) hasta el presente y que pase al control del Ministerio del Interior como sucede en la mayoría de países occidentales. ¿Es buena idea implantar este esquema en el contexto colombiano?
De entrada, cada vez que existen casos como el asesinato de ciudadanos por parte de efectivos policiales en contextos de protesta social como el de Dylan Cruz en 2019 o de procedimientos de uso excesivo de la fuerza como en el caso del grafitero conocido como Trípido en 2013. Estos casos que causan indignación social justificada, debemos analizarlos con cabeza fría, ya que el sensacionalismo hacia la muestra de violencia por parte de los medios de comunicación tradicionales del país –con una no muy sincera vocación de sanción moral social- ha sido una fórmula ganadora para mantener los réditos económicos de la audiencia, lo cual es fácil en un país con una historia reciente tan conflictiva.
El debate de pasar la Policía Nacional de la cartera de Defensa a la de Interior no solamente se debe ver por el cambio de costumbres y enfoque militarizado por uno más fuerte en formación en Derechos Humanos, ética profesional y una vocación más comunitaria y ambiental. Todo esto suena muy bien en el papel o en las intervenciones de los congresistas-panelistas radiales. Pero no en vano, el Mininterior o Mingobierno como era conocido antes, es denominado popularmente “el ministerio de la política”, dada la tradición de absolutismo de poder en un país presidencialista donde hasta 2002 hubo predominio de dos partidos políticos por más de ciento cincuenta años, y antes que políticas de Estado, se hacían políticas de Gobierno, en muchos casos personalistas y con sesgo ideológico.
A ese antecedente, hay que añadir que por ese papel cercano a la política y a la Presidencia con sus respectivas dependencias directas no ministeriales, tiene muchas funciones divergentes y por lo tanto presupuestos multimillonarios, de tal manera, la clase política dominante afín al gobierno de turno siempre querrá asegurar sus intereses con dichos recursos, dejando por fuera los proyectos y planes que no sean de su prioridad. En esto hay dos puntos que deben tenerse en cuenta son la eventual politización de la fuerza policial y la posible pugna por restituir los derechos de sindicalización y deliberación política.
Desde la década de los treinta, las Fuerzas Militares no tienen deliberación política, es decir que no pueden ejercer el voto ni realizar proselitismo mientras se encuentren en servicio activo. Después de la incorporación de la Policía bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, se le aplica hasta el presente esa resolución. En los últimos años, voces de centro derecha han presentado proyectos de Ley para permitir el voto policial y militar sin resultados. Algunos ven como un peligro esta propuesta, porque permitiría supuestamente que sectores de extrema derecha con un discurso militarista pudieran tener votos adicionales, o en un caso menos extremista, la meritocracia se perdiera frente a las influencias abiertas de la política como en otras ramas del sector público.
Por último, se encuentra el debate institucional de los recursos y financiación de su funcionamiento, dotación y capacitación en conjunto con la seguridad ciudadana, dado que los recursos de la seguridad que se asignan para las regiones por parte del Mininterior no han sido asignados a las necesidades reales de la seguridad como dotación de vigilancia, cámaras, biometría, vehículos, tecnología de vigilancia, sino que se han gastado en obras de infraestructura, en su gran mayoría construcción o remodelación de palacios municipales. ¿Qué actividad del Estado colombiano se ha salvado de la corrupción? Tal vez ninguna, y la emergencia del Covid-19 y muchas irregularidades presentadas en los últimos meses en varias regiones del país son una muestra de ello.
La seguridad del país, la unidad como nación en la peor crisis social, económica y ambiental de la historia no son un juego, y realizar reformas a la Policía y la Fuerza Pública sin el estudio ni evaluar los impactos puede principalmente desviar el foco institucional y legislativo de solucionar las nuevas problemáticas que actualmente afronta el país, además de generar división y desconfianza de los ciudadanos en su Estado e instituciones.